Adjuntamos el contenido de la llamada Ley Sopa en idioma original (NGLES).

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Tal vez era el olor a humedad, polvo y papel o tal vez la mera presencia de gente con más de cinco horas en fila lo que termino de despertar a nuestro querido colega al llegar a la Inspectoría.

La fila para entrar, la fila para ver, la fila para hablar o la fila para perder el tiempo, todas saturadas de personalidades de cualquier clase. Personas de bajo estrato y mal olor, mujeres de buen ver y amigable aroma, caballeros de buen porte y gustos sexuales determinados, en fin, había de todo.

Tras haber pasado tres horas en la fila para ver, escuchando las quejas de aquella señora que se encontraba al frente y que no dudó en aprovechar a este jurista para hacer su respectiva consulta sin honorarios, el triste abogado llega a la respectiva ventanilla de archivo, con una breve lista de dos expedientes.- Buenos días señorita. Podría por favor facilitarme los expedientes números 2009-1138 y 2011-7232? –Un momento por favor- exclamo la mujer de no más de veinticinco años y que vestía una ya desgastada chemise de color rojo en cuya espalda se leía: “El Poder Reside en el Pueblo”. -Doctor- exclamó la funcionaria- El expediente 2009-1138 está en sala de fuero, lo esta revisando una abogada; el 2011-7232 aún para la notificación.

Lleno de paciencia y a contrarreloj como siempre, el abogado va a la fila para hablar, donde al menos tiene quince personas por delante, ninguna abogado, ninguna con audiencias en tribunales en menos de cinco horas, ninguna que dependa de esa diligencia para mantener su trabajo, todas pueblo, todas con poder. Pasan cuarenta y cinco minutos, cuando el abogado llega a esa fea, sucia y deformada puerta de madera mal pintada de azul, que se mantiene cerrada, en espera de que algún funcionario asome su cabeza y pregunte “¿Qué desea?”. – Me han informado en el archivo que el expediente 2009-1138 se encuentra acá y necesito verlo con urgencia. -¿Quién lo tiene? pregunta el funcionario. –No sé, solo me dijeron que estaba acá- responde el colega ya algo cansado. –Espere un momento, déjame ver si lo están trabajando; esbozo la cabeza que se asomaba por esa fea, sucia y deformada puerta de madera mal pintada de azul mientras se cerraba y a la vez era trabada por una silla. Alrededor de una hora trascurrió, asomándose y escondiéndose la cabeza del funcionario, repitiendo en cada tanto: “Lo están buscando aun, espere ahí que yo le aviso.” Quince minutos después del ultimo aviso, apareció este funcionario con suerte de Gato de Cheshire y de manera muy natural dice: “Ese expediente se pasó a archivo ahorita, hubo un acto” – ¿Cómo? exclama el joven jurista a la vez que nerviosamente empieza a hojear su agenda. – Si, el acto se realizó hace una hora y como el representante del patrón no vino, se acordó el reenganche y los salarios caídos. –Imposible- en tono tembloroso afirmaba el avocat- Si ayer vine y no se había fijado aun en cartelera la fecha del acto. –Es que esa cartelera no se actualiza siempre, Ud. tiene que venir y preguntar acá para saber, acaso ¿Ud. es abogado?, no pareciera-. Acto seguido, se cierra la fea, sucia y deformada puerta de madera mal pintada de azul, desprendiéndose un pedazo de chapa y cayendo al suelo.

Inmediatamente nuestro querido amigo entra en cólera, pero no hay nadie a quien reclamar, solo los trescientos trabajadores que a diario se presentan a obstaculizar la administración de justicia con sus sucias carpetas y copias, haciendo las mismas preguntas día a día, los abogados con cierta influencia, que son amigos de los funcionarios y aportan generosas donaciones a diario y dos o tres abogados llorando en alguna silla de plástico al saber que no podrán volver a entrar nunca más en sus respectivos bufetes.

-Calma amigo- exclamo una suave y gentil voz en su espalda. Era un señor de al menos sesenta y cinco o setenta años de edad. Vestía un elegante traje negro, con camisa blanca almidonada, corbata negra de seda y yuntas de oro. En su mano solo tenía un papel saturado de numeros, un sobre blanco no mas grande que un billete y una pequeña caja negra. Su mirada era la de un hombre gentil pero cansado; sus cabellos blancos como la nieve le daban un aire señorial. -Tengo casi cincuenta años ejerciendo y esto siempre ha sido así; sino te controlas no vas a llegar ni a los cinco- exclamó mientras tomaba al joven del brazo y lo llevaba con él a la fila para mirar.

A todas estas, nuestro amigo abogado se dejó llevar, ya no había caso, el procedimiento estaba perdido, la ilusión de un ascenso estaba totalmente imposibilitada y esto se le veía en los ojos cristalizados. –Cambia ese animo, todo tiene solución. A ver, dame el numero del expediente- exclamaba el anciano mientras sacaba otro sobre de su saco y una pluma fuente. –Aja, expediente numero 2009-1138- Posteriormente, sacó un celular y marco un número, tuvo una breve conversación a voz muy baja y procedió a finalizar la llamada. A los poco minutos apareció un funcionario, que había salido por unas de las puertas grandes de madera y tomo el sobre. El joven y el anciano siguieron en la fila para ver como por cuarenta y cinco minutos más, cuando de pronto el funcionario apareció nuevamente con un acta reponiendo el procedimiento desierto y fijando una nueva audiencia en la cartelera de actos. –Ves como todo tiene solución- exclamaba el viejo con una linda sonrisa. ¿Pero cómo? replico el abogado. –Bueno, a veces hay que hacer a un lado el intelecto y aplicar el poder, no el del pueblo, sino el de los próceres que vigilan atentos al Estado desde los billetes. Por cierto mi nombre es…

El joven en forma de agradecimiento conversó con el anciano durante media hora más, mientras este llegaba a la ventanilla. En la conversación el anciano le contó como fueron sus épocas de estudiante, su primer trabajo como abogado, su primer escritorio jurídico y sus éxitos laborales.
–Buenos días Dr., ¿cómo esta Ud. hoy?; preguntó la señorita de chemise roja de la ventanilla. – Muy bien Consuelo, me reuniste lo que te pedí- respondió el viejo abogado mientras pasaba disimuladamente el sobre abultado que llevaba en la mano junto la pequeña hoja de papel. –Claro Dr., me tomo un trabajon, pero esta todo listo, déjeme que salga y lo lleve al escritorio donde le coloque los expedientes.

La funcionaria, el anciano y el joven, caminaron por aquellos pasillos de húmedo olor hasta un cubículo, donde se encontraba un escritorio y al menos doscientos expedientes encima y debajo del mueble. Eran los últimos doscientos expedientes donde el anciano había actuado como abogado. Todos gruesos, repletos de actas, pruebas y escritos. Todos llenos de polvo y con ese repulsivo olor que siempre flotaba en esa oficina. –Sorprendente que uno en su vida como abogado gaste tanto papel  y tinta ¿no?- exclamó el viejo mientras sonreía. -¿Qué es esto? ¿Para qué quiere ver tantos expedientes?- preguntó sorprendido el joven abogado. Colocando la pequeña caja negra en el escritorio, y reordenando en columnas los expedientes alrededor del mueble, en una suerte de fuerte o muralla, el anciano explicó: – Te comente que fui un abogado de éxito durante toda mi carrera. Pero ese éxito exigió sacrificio, un sacrificio mayor que el intelectual, un sacrificio personal. Todas las horas que perdemos en nuestras vidas no son gratis, deben salir de algún lugar y las mías salieron de los almuerzos que no tuve con mi familia, de los aniversarios que no celebre, de los problemas de mis hijos que no pude escuchar, de los cumpleaños que no pude celebrar y me aislaron, de los besos y abrazos de mi esposa que no pude disfrutar y hoy extraño. Tengo diez años solo, para mis hijos soy un extraño y para los que están acá, soy un dispensador de sobrecitos. No me decepciono de mi carrera, me decepciono del sistema. El sistema debe cambiar, no es posible que una persona deba estar horas en líneas para recibir un mal trato. No es posible que jóvenes como tu, deban ser vejados por funcionarios públicos no capacitados. No es posible que esto continúe así. ¿Te comente que mi padre fue químico y me enseño muchas cosas?  Era un hombre curioso e impredecible. Una de las cosas que aprendí –comentaba el anciano mientras abría la pequeña caja negra- es que es posible modificar la naturaleza de las cosas. Solo se requieren los elementos necesarios, por ejemplo, tinta de impresora, trinitrotolueno, epoxi  y voila! –exclamó emocionado mientras daba palmadas con sus manos en los expedientes ya apilados que contenían diez años de arduo trabajo, jurídico y químico-.

En la pequeña caja negra había varios filamentos de cobre, los cuales el anciano muy delicadamente colocaba dentro de cada expediente. Al finalizar sacó un aparato robusto que a simple vista parecía de elaboración casera, no más grande que un control remoto de televisor. –Al darle a este botón- explicaba alegremente el anciano –este dispositivo generara unas ondas eléctricas que serán atraídas por cada filamento de cobre produciendo pequeñas chispas en el papel. ¡Sorprendente lo que gastamos en papel los abogados en diez años ¿eh?¡ ¡Y ni te cuento lo que se gasta en tinta!

Ya preparado y con aire tranquilo, el anciano proclamo: -Hijo, tu acto ya fue repuesto, pero creo que será suspendido al menos durante un año mientras organizan esto, así que tomate la vida con calma, disfruta de tu familia y amigos y recuerda hacer como yo: imprime en doble cara para ahorrar papel. Ahora, vete que tengo tiempo que recobrar.

A un paso intranquilo pero lento, el joven abogado fue bajando las escaleras del edificio, se tropezó con una señora embarazada, le comentó que regresara mañana, que ya no atendían por hoy y se dispuso a ir a casa de su madre a conversar y ayudarla en el almuerzo, al fin y al cabo, ese día suspendieron todas las audiencias en la ciudad.

Esta normativa especial, la cual se encuentra en la LEY PARA LA PROHIBICIÓN DE VIDEOJUEGOS BÉLICOS Y JUGUETES BÉLICOS, establece en su articulo 2 que el ámbito de aplicación de la misma será todo el territorio y demás espacios geográficos de la República.

Ahora bien, si la norma prohíbe la importación de este tipo de videojuegos, ¿que ocurre con la descarga electrónica de los mismos?. Actualmente se pueden acceder a estos videojuegos con el simple hecho de poseer una computadora y una conexión a internet e incluso de manera mas directa a través de servicios on-line específicos para consolas como X-Box y PlayStation.

Si verificamos la definición económica de importación, la cual asume el derecho, pudiéramos definirla como el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales exportados por un país, pretendidos para el uso o consumo interno de otro país. Las importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera de un Estado con propósitos comerciales (http://es.wikipedia.org/wiki/Importacion); por lo tanto tendríamos que definir si la descarga de un código informático (videojuego) podría ser considerado por la legislación como la importación del mismo.

Sin lugar a dudas, legalmente un código informático es un bien incorpóreo, específicamente mueble, pues posee un propósito y es susceptible a ser poseído. El software no es la caja ni el medio que lo contiene (cd/dvd), es el código fuente que se ejecuta en un ordenador (o dispositivo similar), por lo tanto, podemos determinar que existen dos maneras de introducir dicho software en un territorio determinado: a través de un medio físico o a través de una descarga. Indistintamente de la forma obtenemos el mismo resultado, un software almacenado y ejecutándose en un ordenador.

Ahora bien, cuando descargamos un software a través de Internet, ¿que estamos haciendo en realidad?. Estamos transfiriendo (técnicamente duplicando) un software que se encuentra en un lugar especifico (para el caso en estudio, en un ordenador ubicado en el extranjero) hacia el disco duro de nuestro ordenador; por lo que surgen las siguiente pregunta: ¿Existe el transporte de un bien ubicado en el extranjero hacia el territorio Venezolano?

Bajo nuestro análisis, si el dispositivo de almacenamiento se encuentra fuera de la Jurisdicción legal del estado donde se encuentra el receptor de la data, pudiéramos ciertamente estar en presencia de una importación.

Analizando la intención del legislador al momento de sancionar esta ley especial, podremos verificar que la misma es impedir el uso de estos videojuegos, por lo tanto no seria incorrecto aplicar una analogía a la acción de descargar un código informático con la acción de importar, pues si bien lo que se esta descargando es una cosa incorpórea, se esta trasladando a un computador para ser utilizado por una persona, la cual se encuentra en un espacio geográfico especifico que a su vez se encuentra sometido, junto a las personas que en él habitan, a un conjunto de normas legales, entre ellas la ley en referencia.

Por lo tanto, la Ley estaría sancionando con una pena de prisión de 3 a 5 años a cualquier persona que descargue un Videojuego considerado como bélico, sin tomar en cuenta que este tipo de conductas lo realizan en gran parte los gamers (incurren menores de edad) y los vendedores ambulantes.

Aunque lo anterior nos parezca un análisis rebuscado o innecesario, es un claro ejemplo de lo que pasa cuando el derecho, la tecnología y la realidad social no concuerdan entre si. Volvemos a ser testigos de desarrollos normativos que pretenden modificar la conducta humana, cuando la técnica legislativa nos enseña que es la conducta humana la que debe moldear la norma. Esto no trae sino dos únicas posibilidades: miles de gamers en prisión o incumplimiento e inejecución de la norma; algo así como lo que pasa con la ley de Derechos de Autor y los vendedores ambulantes (buhoneros) en Venezuela.

Este análisis no busca bajo ningún concepto ampliar el ámbito de aplicación de esta norma mediante la interpretación excesiva de la misma, sino la de crear un punto de reflexión entre los estudiosos del Derecho Informático y así dejar en evidencia la necesidad de legislar con cautela y con observancia de las nuevas conductas originadas por los avances tecnológicos.

Desde aquí hemos de felicitar el esfuerzo de sus promotores, en especial el de Carlos Tudares & Asociados, demostrando nuevamente que es posible el desarrollo de las ciencias jurídicas en el país.

Desde ya hacemos una invitación a todos los colegas abogados, universidades y demás profesionales vinculados a esta rama del derecho, para que se integren en esta red que de seguro marcara un precedente en el país.

Facebook y Twitter de la Red Venezolana de Derecho Informático.
e-mail: revederin@gmail.com

Desde un mensaje de texto hasta las estafas, extorsiones y secuestros, forman parte de los delitos informáticos en Venezuela, aspecto poco conocido en la población.

Carmen Marín de Finol / CNP: 16.341

Con la finalidad de dar a conocer la importancia que tiene el derecho informático en la carrera de Derecho, este viernes, en las instalaciones del Colegio de Abogados de la Península de Paraguaná, se llevó a cabo el I Foro de Derecho informático y Delitos Informáticos, la cual contó con las reconocidas experiencias de los juristas Rafael Martínez y Andrés Hernández.
Profesionales del derecho, funcionarios policiales y militares, así como trabajadores de las instituciones públicas del estado se dieron cita este día, con el fin de nutrir sus conocimientos entorno al polémico tema para de esta manera poder enfrentar con mayor profesionalismos casos de índole tecnológico que se susciten en la región falconiana, especialmente en la Península de Paraguaná.

OJO CON LOS DELITOS INFORMÁTICOS
Carlos Tudares, director general de la firma Tudares y Asociados, explicó que en Venezuela sólo dos universidades –la Universidad Doctor Rafael Belloso Chacín, en Maracaibo y la Universidad Antonio José de Sucre, en El Tigre-dictan la cátedra de Derecho Informático. "Anteriormente los delitos informáticos se relacionaban con fraudes con tarjetas bancarias y las estafas con cheques, en la actualidad eso se ha incrementado, y se puede divisar en las redes sociales –facebook, my space- en donde no sólo son víctimas los adultos sino también los niños Es por ello de la necesidad de especializar a la población en esta materia.

VENEZUELA: PAÍS VÍCTIMA DE SISTEMAS DE VIRUS
Por su parte, el doctor Rafael Martínez, profesor universitario con más de 10 años de experiencia en Derecho Informático e Internacional, refirió que "el último estudio que realizó una compañía antivirus estadounidense determinó que actualmente Venezuela es el tercer país de América, quedando después de Estados Unidos, en ser víctima del Malware y el Spyware, sistemas de código-fuente que tienen como objetivo apoderarse de las informaciones de nuestras computadoras, entre ellas los números de las claves de accesos para los servicio bancarios e incluyendo las redes sociales".

Fuente: Pagina Web Del Diario La Mañana.

Mediante la presente, se invita a los interesados al 1er Foro de Derecho Informático, organizado por la firma Carlos Tudares & Asociados, el cual se realizara en las instalaciones del Colegio de Abogados del Estado Falcón, Seccional Paraguana, en la ciudad de Punto Fijo, el día Viernes 29 de Julio de 2011.

Los ponentes del foro serán los Abogados Andrés Hernández Ortega y Rafael M. Martinez, ambos expertos en el área del Derecho Informático, quienes conversaran sobre los siguientes temas:

- Derecho Informático.

- Informática Jurídica.

- Nuevos Comportamientos.

- Caso Wikileaks & Anonymous.

- Riesgos legales de una señal WIFI.

- Delitos Informáticos en la Legislación Venezolana.

Para mayor información contacte al 0269-415-78-08 / 0414-699-51-59 o a tudares.asociados@gmail.com

Al utilizar estas señales abiertas, nuestro ordenador se conecta a una red, de estar mal configurado nuestro perfil de seguridad, podríamos estar dándole acceso a nuestros archivos al administrador de esa red. Igualmente, al usar estas redes, estamos siendo susceptibles a ser víctimas de “Sniffing”.

El “Sniffing” es una actividad donde una persona, mediante el uso de determinado software y hardware, monitorea toda la información que transita por una red. En el caso de las redes Wifi abiertas, una persona podría captar información diversa que sea emitida y/o recibida de nuestros ordenadores, por ejemplo, las páginas que visitamos, archivos que enviemos o recibamos, contraseñas de redes sociales, cuentas de correo e incluso cuentas bancarias. Es por ello que los centros comerciales son los principales objetivos de los “Sniffers”.

También existe riesgo en aquellos casos en que las redes WIFI de nuestras casas se mantienen abiertas. Al estar la red abierta, cualquier persona que se encuentre en el rango, puede conectarse a ella y acceder a Internet. Si esta persona cometiera delitos informáticos utilizando nuestra red, el IP que quedaría registrado seria el nuestro, trayendo como consecuencia que se nos responsabilice por actos ilícitos ocasionados por terceros.

Brevemente hemos observado las consecuencias de una red WIFI abierta, es por ello que en aquellos casos en que estemos utilizando este tipo de señales, evitemos introducir contraseñas criticas o transferir archivos cuyo contenido pueda ser considerado privado. Asimismo, recuerden activar los sistemas de seguridad del Router WIFI de sus casas y/u oficinas, y así evitar que utilicen nuestra red para la comisión de cyber-crimenes.

Mediante la presente informamos que el Dr. Rafael M. Martinez fue nombrado corresponsal y miembro de la Red Iberoamericana de Derecho Informático.

La Red Iberoamericana es una comunidad de profesionales del derecho y las nuevas tecnologías, con el fin último de brindar lugar común donde poder mantenerse actualizado, compartir experiencias, realizar consultas, participar de debates, expresar opiniones y sobre todo, mejorar nuestras relaciones humanas.

Asimismo, felicitamos al Dr. Andrés Hernández, quien también fue nombrado corresponsal de dicha red en Venezuela.

Invitamos a nuestros lectores y clientes, así como a los profesionales del derecho interesados en esta rama a visitar el website de la red.

“Estimados, tenemos el gusto de anunciarles el nombramiento oficial del Dr. Rafael Martinez y el Dr. Andrés Hernández, ambos como corresponsales oficiales de la Red Iberoamericana de Derecho Informático. Dada nuestra intención de ser un centro de información de Derecho Informático de todos los países de Latinoamérica, y debido a nuestra limitación a la hora de conocer o publicar noticias o novedades de otros países, es que hemos decidido implementar un nuevo sistema de corresponsalías, asignando alguna persona responsable por cada país, que tendrá como función, cubrir y actualizar la info de la red en lo que se refiere en su país (ya sea en legislación, jurisprudencia, noticias, eventos, etc.).” Link al nombramiento.

A continuación publicamos el articulo. Asimismo, si se desea descargar la revista se puede hacer desde aquí.

Si en algo se caracteriza la función publica en Venezuela, es en los largos tiempos y en los altos costos que esta genera. La implementación de nuevas tecnologías en la Administración Publica fácilmente podría corregir estos defectos del Estado, trayendo beneficios tanto para él como para el Administrado. Evolucionar, ese es el paso a seguir.

En la legislación Venezolana, a diferencia de otras, la función Notarial no recae sobre un único individuo, sino sobre una oficina pública, la cual está compuesta por un Notario (de libre remoción) y un Jefe de Revisión (de libre remoción), además de un personal administrativo interno.

Todo documento que deba ser autenticado, debe pasar por un proceso de revisión, el cual está sujeto a los criterios de un revisor; posteriormente deben cancelarse unos aranceles ante una institución financiera del Estado, para luego proceder a introducir el documento, el cual será procesado en un lapso máximo de tres (3) días para su firma y respectiva autenticación. En lo que respecta a la función Inmobiliaria, el procedimiento es el mismo, salvo que en la etapa de revisión debe verificarse el origen y tracto legal del inmueble.

Tras haber explicado el funcionamiento del proceso Notarial en Venezuela, podemos concluir que este es el claro ejemplo del no aprovechamiento de las nuevas tecnologías por parte del sector público, tecnologías que bien aplicadas solo generarían beneficios al Estado y al usuario.

¿Pero cuál fue la intención del Ejecutivo Venezolano al decretar la Ley de Registro Público y Notariado? En su exposición de motivos claramente expresa:

“Con la Constitución Bolivariana se abre un camino para modernizar las instituciones del sector público y esa apertura nos ofrece todas las posibilidades de adaptación del ordenamiento jurídico a los notables cambios de hoy, entre ellas el acceso a las nuevas tecnologías para alcanzar la automatización. Esto significa darle prioridad a la seguridad jurídica en aquellos espacios institucionales que requieren con urgencia cambios profundos en el orden estructural, político, económico y social.”

Al leer esto cualquier entusiasta del e-goverment diría que es una ley de avanzada, ya que toma como elemento motivacional a las nuevas tecnologías y así a través de éstas garantizar una seguridad jurídica.

Lamentablemente, si en algún sector se puede evidenciar el poco e incorrecto uso de las tecnologías es en el sector público, quien teniendo legislaciones con conceptos y principios a favor de su uso, se empeña en arraigarse a sistemas analógicos, como la planilla de pago y el timbre fiscal.

Es por ello que se propone en este análisis, la aplicación de las leyes vigentes en pro de que el Estado busque prestar un servicio, como lo es la Función Notarial, bajo unos esquemas que generarán un efectivo cumplimiento al Principio de Celeridad.

Señala el artículo Artículo 2 del Decreto con Rango de Ley de Registro Público y Notariado:

“Este Decreto Ley tiene como finalidad garantizar la seguridad jurídica, la libertad contractual y el principio de legalidad de los actos o negocios jurídicos, bienes y derechos reales, mediante la automatización progresiva de sus procesos registrales y notariales.

Para el cumplimiento de las funciones registrales y notariales, de las formalidades y solemnidades de los actos o negocios jurídicos, podrán aplicarse los mecanismos y la utilización de los medios electrónicos consagrados en la ley.”

Adicionalmente, en su artículo Artículo 5 recuerda la existencia y la importancia de la Firma Electrónica:

“La firma electrónica de los Registradores y Notarios tendrá la misma validez y eficacia probatoria que la ley otorga a la firma autógrafa.”

Si estamos ante una legislación que ordena desde su motiva a implementar el uso de las tecnologías en la función publica y adicionalmente reconoce al firma electrónica como instrumento perfeccionador de voluntades, ¿por qué no se aprovechan estos medios para implementar un sistema automatizado de atención al administrado?

Unas de la propuestas para el mejoramiento de la Función Notarial, seria la de presentar los documentos a autenticar de manera electrónica a través del uso de e-mail. Cada Notaria Pública debería poseer una página web donde el usuario deba registrarse, obteniendo así un ID que permita acreditar su identidad como user. Posteriormente la notaria recibiría el documento y procedería a realizar la respectiva revisión. Si el documento posee observaciones de fondo y/o de forma, el funcionario puede enviar estas al usuario para su corrección y en aquellos casos donde se cumplan los requisitos de ley, informar el visto bueno del escrito.

Con lo que respecta al otorgamiento o autenticación del documento, debemos recordar que nuestra legislación otorga eficacia a la firma electrónica. Bastaría entonces que las partes otorgantes del documento, una vez revisado este por la Notaria, firmaran digitalmente el escrito, enviándolo de nuevo al funcionario competente, quien verificaría que el documento signado de manera digital sea el aprobado en la revisión, para luego ser firmado electrónicamente por el Notario, quedando así perfeccionada la autenticación del documento, sin que ninguna de las partes tuviera que hacer presencia física ante una oficina pública que por lo general esta sobresaturada.

Todo este proceso puede reducir efectivamente los tiempos de espera, los costos por papel, tóner, impresoras, electricidad, personal, etc. y el Administrado obtendría un servicio eficaz y rápido.

Concluimos que no solo basta que el Derecho encuentre las formas de regular las Nuevas Tecnologías, ni que la ley tipifique el uso de las mismas; es necesario cambiar la forma de pensar de la Administración Pública, quien ha demostrado ser incapaz de prestar un servicio aprovechando las tecnologías vigentes. El siguiente paso no es digitalizar el proceso, es desmaterializarlo.